Fiscalía solicita prisión preventiva para la excandidata presidencial Luisa González en el «Caso Laberinto»
La Fiscalía General del Estado avanza en el proceso judicial denominado «Caso Laberinto», una investigación que apunta a una presunta red de lavado de activos utilizada para financiar el proceso electoral del año 2023 de la lista 5 (Revolución Ciudadana) con recursos ilícitos provenientes de la comercialización ilegal de hidrocarburos.
La audiencia de formulación de cargos se instaló e desarrolló en el Cuartel Modelo de Guayaquil, donde la Fiscalía ratificó su pedido de prisión preventiva para los principales procesados, entre ellos la excandidata presidencial Luisa González, Andrés Arauz y el exasambleísta Santiago Díaz.
Detalles claves del proceso judicial
- Los procesados: La investigación fiscal vincula formalmente a un total de siete personas. Entre los nombres que constan en la causa figuran colaboradores cercanos, operadores políticos y Wendy Lorena Onofre (secretaria del movimiento RETO), quien se entregó voluntariamente a la justicia en la provincia del Guayas.
- Medidas cautelares excepcionales: Para una de las procesadas, identificada como Estefanía M., el Ministerio Público no se opuso a la aplicación de medidas sustitutivas —como la prohibición de salida del país, presentaciones periódicas y el uso de grillete electrónico— debido a que tiene bajo su cuidado a un hijo con una condición médica prioritaria.
- Tesis fiscal: El organismo investigador sostiene que los fondos utilizados para actividades políticas y campañas electorales habrían tenido un origen irregular, vinculado directamente a redes de contrabando y tráfico de combustibles.
Estado actual de la diligencia
La audiencia ha tenido momentos de receso y suspensión temporal mientras el juez a cargo valora los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público y la defensa de los procesados.
Se espera que en las próximas horas se reinstale la sesión para conocer la resolución definitiva sobre las medidas cautelares aplicables a cada uno de los investigados en este caso que marca la agenda política y judicial del país.
