Desaparición de menores en Conocoto abre el debate sobre la protección estatal en casas de acogida

La evasión y posterior desaparición de ocho menores de edad de la Casa Hogar María Campi de Yoder, situada en la parroquia de Conocoto, ha encendido las alarmas en Ecuador. El hecho, registrado originalmente el pasado sábado 27 de junio de 2026, reactivó las críticas de activistas y defensores de derechos humanos respecto a las garantías y el nivel de protección que brinda el Estado a las poblaciones vulnerables bajo su tutela institucional.

De acuerdo con los reportes oficiales de la Policía Nacional, los niños aprovecharon un momento de la rutina interna —previo al desayuno— para salir del establecimiento administrado bajo la rectoría del Ministerio de Desarrollo Humano, sin que el personal se percatara a tiempo. Tras confirmarse la ausencia, la Fiscalía General del Estado activó la Alerta Emilia a escala nacional.

Hasta la fecha, las labores de búsqueda e investigación civil y policial han permitido la localización de seis de los menores. Sin embargo, persisten activas las operaciones para dar con el paradero de los dos restantes: Darianyelis Valeria Rosales, de 12 años, y Luis Eduardo Torres Ojito, de 10 años, ambos de nacionalidad venezolana.

Críticas a la gestión y debilidad de la política social

Organizaciones de derechos humanos y expertos en la materia han señalado que este incidente no es un hecho aislado, sino el reflejo de un debilitamiento estructural en el sistema de protección social.

• Falta de diligencia institucional: Representantes del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (ODJ) recordaron que el Estado tiene la obligación jurídica y constitucional de prevenir riesgos y salvaguardar la integridad de quienes se encuentran bajo su cuidado directo.
• Impacto de la austeridad: Miembros de coaliciones por la niñez atribuyen estas fallas a los constantes ajustes presupuestarios, argumentando que las políticas de austeridad han precarizado la capacidad de respuesta y supervisión dentro de los centros de acogida.
• Riesgos de responsabilidad legal: Analistas advierten que la desatención recurrente en estas dependencias podría acarrear responsabilidades administrativas, judiciales e incluso sanciones a nivel internacional para el Estado ecuatoriano.

Llamado a la fiscalización: Ante la gravedad de la situación, diversos sectores de la sociedad civil exigen que la Asamblea Nacional inicie un proceso de fiscalización directo al Ministerio competente y demandan un pronunciamiento formal por parte de la Defensoría del Pueblo para garantizar que se esclarezcan posibles negligencias en los protocolos de seguridad interna.